FECODE ¿Inmune a la evidencia?

El pasado 16 de marzo se cumplió el primer año de suspensión de clases decretada por el Ministerio de Educación con motivo del COVID. Un año después las consecuencias para los niños, jóvenes y adolescentes han sido devastadoras y en muchos casos irreversibles. Tan solo en Bogotá unos 34.000 niños ya desertaron de sus clases -según una encuesta de ProBogota-, cifra preocupante si se analiza desde el punto de vista de las brechas regionales. Dicho de otro modo, si así es en Bogotá ¿cómo será en las regiones más apartadas del país?

Desde entonces más de 7.500.000 niños siguen sin asistir al colegio. Más de 8.700 colegios oficiales siguen cerrados. Tan solo el 4,7% de esa población se encuentra en modelo de alternancia, el otro 95,3% restante sigue “estudiando” desde casa, si me permiten el término. Si no fuera por Antioquia y el Valle del Cauca, el 100% de las regiones en Colombia tendrían un avance inocuo en la reactivación de las actividades escolares.

En realidad las cifras anteriores poco sorprenden en un país como Colombia. Lo que verdaderamente sorprende es la postura de ciertos sectores políticos que se oponen férreamente a la reapertura de las escuelas utilizando argumentos triviales que sobresalen en lo ordinario, pero que aun así son válidos para el debate nacional. Padres de familia, profesores, políticos, y sindicatos engrosan las lánguidas filas de contradictores. Dentro de este último grupo sobresale FECODE, quien, inmune a la evidencia y obstinado con doctrinas, defiende un discurso aparentemente progresista que raya en lo irracional.

Este discurso, ideológico si se quiere, también es promovido por congresistas afines como Maria Jose Pizarro, quien no duda en condicionar el regreso a las aulas al aseguramiento de condiciones que pongan fuera de peligro a alumnos y maestros. Habría que preguntar a la congresista ¿qué entiende por “fuera de peligro”?

Quizás lo que la Representante Pizarro, que hace parte de la lista de los decentes, desconoce, es que en el último año la cifra de reclutamiento forzado de menores creció 113% según el informe de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico). Tan solo de enero a mayo del 2021, 128 niños y adolescentes han sido vinculados a grupos armados, en parte como consecuencia de la suspensión de clases decretada por el Ministerio. En medio del caos, esta suspensión está siendo utilizada como carnada por parte de los grupos delincuenciales para merodear por parques, canchas de futbol y billares en donde los niños ocupan su tiempo sin nada mejor que hacer. 128 niños es la cifra que se conoce, pero se presume que podría ser mayor debido al miedo de las familias a denunciar.

Con la excusa de apoyar económicamente al hogar les prometen ingresos como soldaditos de infantería para realizar funciones de mensajeros, vigías o raspachines. Lastimosamente para muchas familias este ingreso ilícito, recibido a cambio del futuro de sus hijos, es su única alternativa económica. Para quienes rechazan la oferta no queda más opción que huir rápidamente de sus regiones despojados de todo, o más bien de nada.

Siendo honestos las alternativas ofrecidas por el estado para reemplazar la presencialidad son precarias. La entrega de materiales pedagógicos a las instituciones oficiales y comunidades que no cuentan con internet y el retorno decimonónico a la educación por radio, poco o nada reemplazan la ausencia escolar y más bien incrementan las brechas de desigualdad entre quienes tienen acceso a herramientas de comunicación y quiénes no.

Ni que se diga de la situación de las niñas y adolescentes, quienes son reclutadas a través del abuso y la esclavitud sexual. Las enamoran y embarazan solo para unirlas a los grupos. ¿si esto no es correr peligro, que es entonces?

Hace poco un grupo de notables adultos mayores, encabezados por Rudolph Holmes y Humberto de la Calle, abanderaron la “rebelión de las canas” para quitarse de encima la discriminación e infantilización a la que estaban sometidos debido a las políticas de estado para la contingencia del COVID. Haciendo uso de la tutela, y de su experiencia, ganaron esa batalla rápidamente.

Otros vientos menos favorables soplaron para siete millones de niños colombianos, quienes desprovistos de sindicatos, voceros notables o contraprestaciones electorales -entiéndase votos-, vieron rechazada, por parte de una juez del circuito de Bogotá, la tutela que interpuso Red PaPaz al considerarla improcedente a pesar de haber invocado el acceso a la educación y desarrollo integral de los menores.

Alejar a los niños de las escuelas es, muchas veces, quitarles el único espacio de tranquilidad en sus vidas. Se alejan de los problemas, viven vidas de niños, reciben alimentación y exploran nuevas alternativas de vida que jamás conocerán en sus casas ni entornos, en donde aún se pregona que la letra con sangre entra. Entonces, si todo esto es bien conocido, ¿Por qué FECODE insiste con tal terquedad en condicionar a circunstancias utópicas el regreso de los niños a la escuela? Ni siquiera las pequeñas escuelas rurales con baja o nula presencia del COVID tienen chance bajo sus preceptos.

Afortunadamente el regreso a la presencialidad no depende de una opinión sindical, aun así, el gobierno debe continuar con sus esfuerzos por fortalecer las condiciones del aprendizaje presencial. Garantizar la bioseguridad para alumnos y profesores, mejorar la infraestructura de las instituciones -sobre todo en regiones apartadas- e incluir al magisterio como sector prioritario para la vacunación. No es un grupo demasiado grande pues con corte al 2019 el número total de maestros oficiales era de 333.129.

Esa ciega oposición es francamente incomprensible y lastimosamente solo refuerza la estigmatización sindical en Colombia y amplía los antagonismos, a través de la utilización de sofismas injustificables que niegan desvergonzadamente los avances para recibir de inmediato a millones de niños y de esa forma raptarlos de las garras de la delincuencia; un hecho que pareciera apenas anecdótico. La amplia y costosa difusión en prensa de campañas publicitarias que llaman a la desobediencia civil para impedir el regreso gradual y en alternancia a las aulas, es solo un ejemplo de las actitudes que generan ese rechazo.

La disponibilidad de escuelas para retomar la vida académica -y no académica- de los menores es innegable, tanto como el ánimo gobiernista de sectores políticos que aún no aceptan –como dijo Charles de Gaulle-  que gobernar es escoger, entre dos males, el mal menor. Tristemente FECODE ha dejado clara su distancia con los niños de Colombia, evidenciando, hoy más que nunca, que los logros sindicales no necesariamente son los logros de la sociedad.

Publicado por ivanwilches

wanna be

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